ECOSISTEMAS DE ECONOMÍAS ILÍCITAS CONVERGENTES: ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DE NARCOTRÁFICO - MINERÍA ILEGAL y LA HEGEMONÍA DE ACTORES ARMADOS EN EL COMPLEJO FRONTERIZO DE ECUADOR

1. Evaluación Estratégica: La Redefinición de la Economía de Frontera y la Convergencia Criminal

La concepción tradicional de la frontera norte, sur u oriental ecuatoriana como una simple línea de demarcación geopolítica o un corredor de tránsito pasivo ha quedado obsoleta frente a la evidencia empírica que demuestra la consolidación de un clúster industrial binacional de economías ilícitas.

Este informe técnico, diseñado para diseccionar la anatomía de este fenómeno, aborda la solicitud de determinar el volumen y la logística de los recursos estratégicos que alimentan las rentas criminales, con un enfoque exhaustivo en la identificación de los actores clave que dominan el territorio y los procesos logísticos de insumos críticos como el combustible, armas, mercurio estableciendo la relación intrínseca entre GDO´s.

La determinación específica del comercio ilegal de oro y mercurio, el análisis de la inteligencia disponible revela que la infraestructura logística, los corredores de movilidad y, crucialmente, los actores armados hegemónicos que controlan el narcotráfico son los mismos vectores que facilitan la minería ilegal.

Existe una convergencia operativa absoluta: las rutas por donde fluyen los precursores químicos para la cocaína son las mismas arterias por donde transitan los insumos para la minería; el combustible desviado masivamente desde Ecuador alimenta tanto los laboratorios de cristalización como la maquinaria de extracción en la selva; y los Grupos Armados Organizados (GAO) que gravan la salida de la droga son los mismos que ejercen el control territorial sobre los yacimientos y el flujo de explosivos.

El presente informe técnico constituye un análisis exhaustivo y pericial sobre la reconfiguración del crimen organizado en la República del Ecuador durante el periodo 2024-2025. La investigación determina que el paradigma de seguridad nacional ha mutado de una amenaza centrada en el narcotráfico transnacional a un ecosistema híbrido de economías criminales, donde la minería ilegal de oro ha emergido no como una actividad subsidiaria, sino como un pilar financiero y logístico de igual o mayor relevancia estratégica que el tráfico de estupefacientes.

Los hallazgos forenses y de inteligencia indican que los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), designados como terroristas por el Estado ecuatoriano, han instrumentalizado el sector aurífero para perfeccionar un ciclo de lavado de activos casi indetectable por los controles convencionales.

Organizaciones hegemónicas como Los Lobos han establecido microestados criminales en enclaves como Camilo Ponce Enríquez y el Parque Nacional Podocarpus, ejerciendo una gobernanza criminal que desplaza la soberanía estatal. Financieramente, se ha detectado una infraestructura corporativa sistémica compuesta por empresas "fantasma" y exportadoras de papel que, aprovechando la debilidad institucional de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y vacíos en la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), han blanqueado flujos de capital ilícito superiores a los 1.300 millones de dólares mediante exportaciones ficticias hacia jurisdicciones con controles laxos como India y Emiratos Árabes Unidos.

2. Contexto Geopolítico y la Metamorfosis Criminal del Ecuador

2.1. La Transición del Paradigma: De Puerto de Tránsito a Hub de Procesamiento Criminal

Históricamente, la posición geográfica del Ecuador, situado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo (Colombia y Perú), definió su rol en la economía criminal global como una plataforma logística de tránsito y acopio. Sin embargo, el análisis del periodo 2024-2025 revela una transformación estructural profunda.

La economía dolarizada, que otrora ofrecía estabilidad macroeconómica, se ha convertido en el catalizador más eficiente para el blanqueo de capitales en la región, atrayendo no solo a carteles mexicanos y colombianos, sino también a mafias balcánicas y redes transnacionales de tráfico de insumos químicos.¹

La declaratoria de "Conflicto Armado Interno" en enero de 2024 por el gobierno del presidente Daniel Noboa marcó el reconocimiento oficial de que la capacidad operativa de los grupos criminales había superado los umbrales de la seguridad ciudadana para convertirse en una amenaza a la soberanía estatal. No obstante, esta presión militar sobre las rutas tradicionales del narcotráfico (puertos de Guayaquil, Esmeraldas y Machala) generó un "efecto globo" inverso: en lugar de dispersar las rutas, obligó a las organizaciones criminales a diversificar sus carteras de inversión hacia sectores menos vigilados y con mayor capacidad de retorno sobre la inversión, siendo la minería ilegal el refugio predilecto.¹

2.2. El Ecosistema de Convergencia Criminal

Para 2025, la distinción operativa entre un narcotraficante y un minero ilegal en las zonas de conflicto es semántica e irrelevante. La evidencia sugiere una integración vertical y horizontal de las economías ilícitas. Los mismos corredores logísticos utilizados para el ingreso de precursores químicos para el procesamiento de cocaína son empleados para el contrabando de mercurio y explosivos destinados a la minería. Asimismo, las estructuras de sicariato y extorsión ("vacunas") que protegen los laboratorios de droga son las encargadas de brindar seguridad perimétrica a los frentes mineros ilegales en la Amazonía y la Sierra sur.⁴

Esta convergencia ha exacerbado la violencia. La tasa de homicidios en cantones mineros como Camilo Ponce Enríquez (Azuay) o Joya de los Sachas (Orellana) ha superado dramáticamente a la media nacional, impulsada por la disputa territorial ya no solo por rutas de droga, sino por el control de bocaminas y plantas de beneficio. La influencia de actores externos es palpable: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provee soporte táctico y financiero a Los Lobos para asegurar el flujo de capital minero, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene sus alianzas con Los Choneros, aunque estos últimos han perdido terreno significativo en el sector aurífero.¹

3. Sociología de las Organizaciones Criminales: Actores y Beligerantes

El panorama criminal ecuatoriano se ha fracturado, pasando de una hegemonía monopólica a una federación de grupos violentos con capacidades militares.

3.1. Los Lobos: La Hegemonía de la Narcominería

En el análisis de inteligencia de 2024-2025, la organización Los Lobos se perfila como el actor dominante y más sofisticado en la explotación de recursos minerales. Con una membresía estimada en más de 8.000 efectivos, han superado a Los Choneros en capacidad de despliegue territorial y potencia de fuego.⁶

• Estructura Organizacional: A diferencia de la estructura piramidal rígida de sus rivales, Los Lobos operan bajo un modelo de franquicia criminal federada. Esto les permite una flexibilidad operativa superior, gestionando frentes de minería en provincias distantes (Imbabura en el norte, Zamora Chinchipe en el sur) con autonomía táctica, pero unidad financiera. Líderes como Wilmer Chavarría (alias "Pipo"), operando presuntamente desde el exterior o la clandestinidad, y Fabricio Colón Pico, han dirigido la estrategia de expansión minera como una política organizacional prioritaria.⁶

• Modelo de Negocio Minero: Los Lobos no solo extorsionan; se han convertido en operadores mineros. Controlan directamente la cadena de valor: desde la extracción en bocaminas invadidas hasta el transporte del material mineralizado y su procesamiento en plantas (chanchas) propias o cooptadas. En Camilo Ponce Enríquez, se estima que sus ingresos mensuales provenientes exclusivamente del oro ilegal ascienden a 3.6 millones de dólares, una liquidez que rivaliza con las ganancias del narcotráfico y les permite financiar armamento de guerra y corrupción a alto nivel.⁸

3.2. Fracturas Internas y Disidencias: La Guerra dentro de la Guerra

La rentabilidad extrema del oro ha generado cismas internos. Durante 2024 y 2025, se han registrado enfrentamientos brutales entre la estructura central de Los Lobos y facciones disidentes como Los Lobos Box o Saobox. Estas disputas no son ideológicas, sino puramente económicas: la lucha por el control de vetas específicas o plantas de procesamiento.

La masacre de agosto de 2024 en la mina Las Lomas, donde cinco personas fueron asesinadas (dos decapitadas y una calcinada), ejemplifica la brutalidad de estas purgas internas por el control del "botín dorado".⁹

3.3. Los Choneros y la Resistencia Costera

La organización Los Choneros, tradicionalmente hegemónica, ha visto mermado su poder tras la muerte de Jorge Luis Zambrano (alias "Rasquiña") y la fragmentación de sus brazos armados. Aunque su núcleo de operaciones sigue siendo el narcotráfico marítimo en las costas de Manabí y Guayas, han intentado incursionar en la minería ilegal en la provincia de El Oro y zonas limítrofes, utilizando la extorsión a cooperativas mineras como mecanismo de entrada. Sin embargo, su capacidad de control territorial en zonas de extracción es inferior a la de Los Lobos.¹

3.4. Actores Transnacionales y Grupos Armados Organizados (GAO)

La frontera norte presenta una dinámica distinta. Grupos disidentes de las FARC (como el Frente Oliver Sinisterra y Comandos de la Frontera) operan en Sucumbíos y Carchi, no solo protegiendo cultivos ilícitos sino también gravando la maquinaria minera que opera en los ríos fronterizos. Además, se ha detectado la presencia operativa del Tren de Aragua en los enclaves mineros del sur, especializándose en delitos conexos como la trata de personas con fines de explotación sexual en los campamentos mineros ("currutelas") y la administración de redes de préstamos "gota a gota".⁵

4. La Economía Política de la Narcominería

Para comprender la resiliencia de este fenómeno, se debe analizar la racionalidad económica que impulsa la convergencia entre narcotráfico y minería.

4.1. Rentabilidad Comparada y Gestión de Riesgos

El axioma criminal contemporáneo en Ecuador postula que "el oro es superior a la cocaína" en términos de gestión de activos.

• Estabilidad de Valor: Mientras el precio de la cocaína está sujeto a fluctuaciones de oferta y demanda en los mercados de consumo y a pérdidas totales por incautación, el oro es un commodity financiero global.

Su precio ha alcanzado máximos históricos en 2024-2025 (superando los $ 4,313 por onza troy), ofreciendo una reserva de valor segura y apreciable.⁴

• Fungibilidad Legal: La cocaína es intrínsecamente ilegal; no existe forma de introducirla al mercado legal sin transformarla en dinero. El oro, por el contrario, sufre una "transustanciación jurídica": una vez fundido en lingotes y acompañado de documentos (frecuentemente falsos) de una concesión minera, se convierte en un producto de exportación lícito. "El oro deja de ser ilegal cuando entra en el sector formal", como señalan fuentes de inteligencia, lo que lo convierte en el vehículo ideal para el lavado.¹²

4.2. Sinergias Logísticas

La infraestructura requerida para ambas economías es compatible. Las pistas clandestinas y rutas fluviales utilizadas para mover droga sirven para sacar oro e introducir insumos. La corrupción de funcionarios en puntos de control policial y militar facilita el tránsito de ambos productos. Además, la "caja chica" del narcotráfico (dólares en efectivo de baja denominación) se utiliza para pagar la nómina diaria de los mineros y comprar maquinaria al contado, inyectando liquidez inmediata a la operación extractiva.⁵

5. Anatomía Territorial del Conflicto (2024-2025)

La geografía del conflicto minero en Ecuador se superpone con los mapas de calor de violencia criminal. A continuación, se detalla la situación en las zonas críticas.

4.1. Zona Crítica 1: Camilo Ponce Enríquez (Azuay) - El Microestado Criminal

Este cantón azuayo representa el epicentro de la violencia minera. Aquí, la autoridad estatal ha sido suplantada de facto por la gobernanza criminal de Los Lobos.

• Dinámica Operativa: Las bandas no solo cobran extorsiones; administran las minas. Se han apropiado de concesiones legales mediante el secuestro y asesinato de sus titulares legítimos o técnicos encargados.

• Violencia Extrema: La tasa de homicidios es desorbitada. En 2024, se reportaron masacres recurrentes, incluyendo ataques con armas largas y explosivos contra campamentos rivales. La población vive bajo un régimen de silencio impuesto, donde el toque de queda lo dictan los criminales, no el Estado.⁵

• Infraestructura Criminal: Se ha documentado la existencia de plantas de procesamiento completas bajo control criminal, donde se procesa material robado de otras minas o extraído de invasiones.

4.2. Zona Crítica 2: La Merced de Buenos Aires (Imbabura) - El Ciclo de la Inestabilidad

Ubicada en la sierra norte, esta parroquia ha sufrido ciclos repetitivos de invasión masiva y desalojos militares que no logran sostenibilidad.

• Operaciones 2024-2025: A pesar de los operativos de "toma total" ejecutados por las Fuerzas Armadas en octubre de 2025, que resultaron en la destrucción de más de 720 bocaminas y la instalación de bases militares temporales, la inteligencia indica que las redes criminales se repliegan tácticamente a las montañas o ciudades cercanas (Ibarra) para retornar apenas disminuye la presión.¹¹

• Economía de Enclave: La población local, ante la ausencia de alternativas económicas estatales, ha sido cooptada. La minería ilegal ofrece ingresos inmediatos que la agricultura no puede igualar, generando una base social de apoyo a los grupos ilegales que dificulta la labor de inteligencia policial.¹¹

4.3. Zona Crítica 3: Amazonía Norte (Napo y Orellana) - Devastación Mecanizada

En las riberas de los ríos Jatunyacu y Napo (sectores Yutzupino y Punino), la minería ilegal se caracteriza por su escala industrial y el uso intensivo de maquinaria pesada.

• Capital Narco: La presencia de cientos de retroexcavadoras (valoradas en $150.000 - $200.000 cada una) operando simultáneamente sin permisos evidencia una inyección masiva de capital que excede la capacidad de mineros artesanales. Este capital proviene directamente de las estructuras de lavado del narcotráfico.¹⁵

• Impacto en Comunidades: Las comunidades Kichwa se encuentran divididas y amenazadas. La contaminación por mercurio ha destruido la pesca artesanal, y la violencia asociada al cobro de "peajes" para el ingreso de maquinaria ha militarizado la vida comunitaria.¹⁵

4.4. Zona Crítica 4: Parque Nacional Podocarpus (Zamora Chinchipe) - El Crimen Ambiental

En el sur del país, la minería ilegal ha penetrado el núcleo de áreas protegidas.

• Expansión Acelerada: Imágenes satelitales confirman que la deforestación por minería dentro del Podocarpus aumentó significativamente entre 2023 y 2025, afectando hectáreas de bosque primario de incalculable valor ecológico. Se han identificado más de 222 campamentos mineros en zonas de difícil acceso.¹⁸

• Actores: Células vinculadas a Los Lobos controlan los accesos y operan en connivencia con mineros ilegales locales, utilizando la densa vegetación para ocultar operaciones de socavón y aluviales.²⁰

6. Ingeniería Financiera: El Lavado de Activos y las Empresas Fantasma

El componente más sofisticado y dañino de la narcominería es su integración al sistema financiero global. Las investigaciones revelan un esquema de lavado de activos industrializado que ha superado los controles del Estado ecuatoriano.

6.1. El Mecanismo de las "Exportadoras de Papel"

El modus operandi identificado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) involucra la creación de empresas de fachada, frecuentemente constituidas bajo la figura de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permiten una constitución rápida y con mínimos requisitos de capital.

• Perfil de las Empresas: Estas compañías se caracterizan por tener una vida útil corta, direcciones físicas inexistentes (lotes baldíos, gimnasios, casas abandonadas), accionistas sin perfil económico compatible (jóvenes sin experiencia, personas de escasos recursos, testaferros extranjeros) y un crecimiento explosivo en sus exportaciones.²¹

• Evasión Fiscal Masiva: La discrepancia entre los montos exportados y los impuestos pagados es la principal alerta roja. Se han documentado casos de empresas que exportaron más de 100 millones de dólares en oro, pero pagaron menos de 1.000 dólares en impuesto a la renta, o declararon en cero, evidenciando que el objetivo no es el lucro comercial legítimo, sino la justificación del ingreso de divisas.²¹

6.2. Casos de Estudio y Actores Corporativos Sospechosos

Investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia financiera han identificado una red de empresas con comportamientos anómalos. La siguiente tabla detalla algunos de los casos más flagrantes detectados en el periodo de análisis:

Empresa Exportadora	Periodo de Actividad Relevante	Volumen Exportado (Estimado)	Impuestos Pagados (Aprox.)	Anomalías Detectadas
Soulmetals S.A.S.	2022 - 2023	> $100 Millones	< $170,000	Dirección falsa en Machala; accionistas sin perfil financiero; transferencias desde EAU. 21
Rocadorada S.A.S.	2022 - 2023	> $110 Millones	< $1,000	Crecimiento de 10x en un año; accionista único sin trayectoria; dirección no verificable. 13
Rockgolden	2022 - 2023	> $66 Millones	~$13,500	Parte de conglomerado sospechoso; concesiones sin actividad minera real visible en mapas. 13
Orocomin	2022 - 2023	~$81 Millones	~$173,000	Vínculos accionarios con Soulmetals; direcciones inexistentes. 21
Fabricio Alexander G.M. (Persona Natural)	2023 - 2024	$23.6 Millones	$0 (Declarado)	Ex-limpiabotas y funcionario público menor; exportó 778 kg de oro sin tener empresa ni minas. 21

Nota: La información presentada proviene de investigaciones públicas y reportes de prensa basados en datos de organismos de control.¹³

6.3. La Ruta Internacional y los "Agujeros Negros"

El destino del oro ecuatoriano ha cambiado drásticamente. Ante los controles más estrictos en Estados Unidos y Suiza, las redes criminales han redirigido sus exportaciones hacia mercados con protocolos de Compliance y Know Your Customer (KYC) deficientes.

• India y Emiratos Árabes Unidos (EAU): Estos dos países se han consolidado como los principales receptores del oro sospechoso de Ecuador.

Refinerías en estas jurisdicciones aceptan el mineral con documentación mínima sobre su origen, permitiendo que el oro ilegal se funda y se integre al mercado global de joyería y reservas, borrando su rastro sangriento.²¹

6.4. Deficiencias del Sistema Antilavado (Evaluación GAFILAT)

El informe de evaluación del GAFILAT desnudó las carencias estructurales del Ecuador. A pesar de que la minería ilegal y el narcotráfico son amenazas de riesgo alto, el sistema de reportes de operaciones sospechosas (ROS) es ineficaz para detectarlas.

• Desalineación de Riesgos: La UAFE recibe un volumen aceptable de reportes, pero muy pocos están vinculados específicamente al contrabando de oro y minería ilegal, lo que sugiere que los sujetos obligados (bancos, notarios) no están identificando o reportando estas tipologías adecuadamente.

• Impunidad Judicial: El cuello de botella final es la Fiscalía y el sistema judicial. De cientos de casos de inteligencia financiera remitidos, una fracción mínima termina en sentencia condenatoria por lavado de activos. La falta de investigaciones financieras paralelas y la corrupción judicial garantizan que, aunque se decomise la droga o la maquinaria, la estructura financiera permanezca intacta.²⁴

7. Cadenas de Suministro Contaminadas: Mercurio y Armas

La narcominería depende de una logística inversa de insumos ilícitos que es tan compleja como la exportación del oro.

7.1. La Ruta del Mercurio: Conexión México-Andes

Ecuador no produce mercurio, pero su consumo per cápita en minería artesanal es uno de los más altos del mundo. La investigación revela una red transnacional de tráfico de este metal tóxico.

• Origen y Ruta: El mercurio proviene mayoritariamente de México (donde su extracción es legal bajo ciertas condiciones o tolerada). Desde allí, es transportado hacia Perú y luego contrabandeado hacia Ecuador y Bolivia. La frontera sur (Huaquillas) es el punto neurálgico de ingreso.²⁶

• Incautaciones Récord: Operativos en Perú han interceptado cargamentos de hasta 4 toneladas de mercurio destinados a la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, valorados en millones de dólares y con un potencial de daño ambiental catastrófico. Esta conexión mexicana refuerza la tesis de la participación de carteles mexicanos no solo en la compra de cocaína, sino en la provisión de insumos para la minería.²⁶

7.2. Tráfico de Armas y Explosivos

El flujo de armas es bidireccional. Mientras el oro sale, armas de alto calibre y explosivos industriales ingresan al país para armar a los brazos militares de los GDO´s.

• Arsenal de Guerra: Las incautaciones a Los Lobos en zonas mineras incluyen fusiles AR-15, subametralladoras y explosivos de uso militar, muchos de ellos desviados de arsenales legales en Perú o traficados a través de la frontera colombiana. La minería ilegal provee el capital líquido necesario para estas adquisiciones en el mercado negro.⁸

8. Crisis Institucional y Corrupción Sistémica

La expansión de la narcominería no es solo producto de la fuerza criminal, sino de la debilidad y complicidad del Estado.

8.1. El Colapso de ARCOM

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ha sido diagnosticada como una institución fallida en términos de control. Informes de la ONU y la OEA señalan una "corrupción generalizada" en la entidad.³⁰

• Venta de Legalidad: Funcionarios corruptos han facilitado la emisión de permisos de exportación fraudulentos y han manipulado el catastro minero para superponer concesiones legales con actividades ilícitas.

• Incapacidad Operativa: Con un presupuesto exiguo y recortes de personal, la agencia carece de la capacidad logística para fiscalizar los miles de puntos de extracción ilegal en territorios controlados por grupos armados.⁴

8.2. Narcopolítica y Justicia

La penetración del crimen organizado en la política local es evidente. Alcaldes y funcionarios en provincias como El Oro y Azuay han sido investigados por vínculos con la minería ilegal o han sido víctimas de violencia política al intentar oponerse a ella. La justicia, por su parte, actúa como una puerta giratoria: jueces otorgan acciones de protección para devolver maquinaria incautada a mineros ilegales, desmoralizando a la fuerza pública y perpetuando la impunidad.¹²

9. Impacto Socioambiental: Una Catástrofe Silenciosa

El legado más duradero de la narcominería será la destrucción ambiental y la degradación social.

9.1. Ecocidio y Salud Pública

La contaminación por mercurio en la cuenca amazónica ha alcanzado niveles críticos.

• Bioacumulación: Estudios en las comunidades aledañas al río Napo muestran concentraciones de mercurio en el cabello y sangre de los habitantes que superan los límites de seguridad de la OMS. Esto provoca daños neurológicos irreversibles, especialmente en niños y mujeres embarazadas.³³

• Destrucción de Hábitats: La minería aluvial destruye la capa vegetal y altera el curso de los ríos, provocando erosión y pérdida de biodiversidad en zonas de amortiguamiento y parques nacionales.¹⁰

9.2. Degradación Humana

En los enclaves mineros, la vida humana se mercantiliza. La trata de personas, el trabajo infantil y la explotación laboral de migrantes en situación irregular son endémicos. Los "sableros" trabajan bajo amenaza de muerte, y las mujeres son víctimas de redes de prostitución forzada controladas por los GDO´s.³⁴

10. Análisis Operativo 2024-2025 y Perspectivas Estratégicas

10.1. Evaluación de la Respuesta Estatal

La respuesta del gobierno de Daniel Noboa, centrada en la militarización y la declaratoria de conflicto armado interno, ha tenido éxitos tácticos, pero limitaciones estratégicas.

• Operativos Militares: Las intervenciones en Buenos Aires y la Amazonía han logrado destruir infraestructura y maquinaria valiosa. Sin embargo, el fenómeno de "reocupación" es constante. El Estado no logra mantener el control territorial una vez que las tropas se retiran, permitiendo el retorno inmediato de los actores ilegales.¹¹

• Efectividad Limitada: La estrategia se ha enfocado en el eslabón más débil (el minero en el río) y no lo suficiente en el eslabón más fuerte (las estructuras financieras y los exportadores de papel). Mientras las redes de lavado sigan intactas, la capacidad de regeneración de los GDO´s es infinita.

10.2. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

1. La Minería como Amenaza de Seguridad Nacional: Es necesario que el Estado ecuatoriano reconozca que la minería ilegal es la principal fuente de financiamiento para el rearme de los grupos terroristas. La lucha contra el narcotráfico es insuficiente si no se corta el flujo de "petrodólares dorados".

2. Ataque a la Infraestructura Financiera: La prioridad debe desplazarse de la selva a las oficinas. Se requiere una auditoría forense masiva a todas las empresas exportadoras de oro creadas desde 2020, con revocatoria inmediata de permisos a aquellas que no justifiquen fehacientemente el origen lícito y trazable del mineral. La UAFE y el SRI deben cruzar datos en tiempo real para congelar activos de las "exportadoras fantasma".

3. Cooperación Internacional Focalizada: Ecuador debe presionar diplomáticamente a los países receptores del oro (India, EAU) para que eleven sus estándares de importación. Asimismo, la cooperación con Perú y Colombia es vital para cerrar el grifo del mercurio y los explosivos.

4. Recuperación Institucional: ARCOM requiere una refundación, con personal depurado (vetted) y tecnología de monitoreo satelital en tiempo real. La justicia necesita unidades especializadas en delitos ambientales y financieros con protección extraterritorial para evitar la cooptación.

El escenario para 2026 es crítico. Si no se desarticula el nexo financiero entre el oro y el crimen, Ecuador corre el riesgo de consolidar territorios donde la ley del Estado sea reemplazada permanentemente por la ley del oro y el fusil.

Declaración de Responsabilidad: Este informe ha sido elaborado bajo estrictos estándares de análisis de inteligencia, integrando información de fuentes abiertas, reportes oficiales y periodismo de investigación disponibles hasta diciembre de 2025. Las cifras y nombres mencionados responden a la evidencia documental citada.